Linea Oeste

Proponen una ley de defensa de los inquilinos

22/11/2014
Proponen una ley de defensa de los inquilinos

La Red de Inquilinos está formada por vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia, alquilan la propiedad en la que viven.

Organizados a partir de las dificultades que implica ser inquilino hoy en día, ya que es el mercado inmobiliario el que fija los precios y se deben afrontar altos costos que muchas veces son de carácter abusivo, llegando a destinar en la mayoría de los casos casi el 50% del salario para pagar la mensualidad y sumado al hecho de que se exigen requisitos excluyentes y muy difíciles de conseguir, hacen que ser inquilino en la Ciudad sea un verdadero padecimiento.

Frente a este panorama, la Red de Inquilinos propone una Ley en Defensa de los Inquilinos que regule los precios y las condiciones de los alquileres y fije precios máximos que se establezcan a partir del Valor Inmobiliario de Referencia, elaborado por la AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos) organismo que reconoce categorías de valor para cada propiedad en base a determinadas condiciones: sus dimensiones, la cantidad de ambientes, su ubicación, su antigüedad, su destino (por ejemplo, vivienda de familia, turismo internacional, etc.). En concreto, proponen que el precio del alquiler mensual no supere el 0,7 % del VIR (Valor Inmobiliario de Referencia), y que la única actualización que registre durante la extensión de todo el contrato, esté dado en función de ese índice. Este porcentaje del VIR, permitiría poner por debajo de los precios de mercado a los alquileres.

El proyecto de Ley también propone la Creación del Fondo de Garantías para locaciones con destino a vivienda para resolver la problemática de quienes no cuentan con el respaldo de una garantía propietaria en la Ciudad (el mercado exige hasta dos propiedades porteñas con ese fin); se propone  el  otorgamiento  de garantías extendidas por organismos públicos. Este Fondo de Garantías para inquilinos con destino a vivienda, estará constituido con los recursos provenientes del Impuesto a la Vivienda Ociosa.

Con respecto a la duración de los contratos de alquiler, el proyecto dice que atendiendo el carácter permanente que debe reconocerse en una vivienda familiar la extensión del plazo mínimo del alquiler, no debe ser inferior a tres años. También esta iniciativa limita el monto de los depósitos en garantía y propone actualizarlos para su su devolución.En lo que respecta a las comisiones inmobiliarias, que en ocasiones resultan exorbitantes y que están actualmente a cargo del inquilino con exclusividad, proponen sean reducidas al valor de un mes del alquiler   y      soportadas   por   el propietario y el inquilino en partes iguales, mediante el criterio legal del esfuerzo compartido.

También se plantea la necesidad de imponer un tributo a las viviendas que se encuentren deshabitadas, por más de un año, siendo el mismo, creciente en el tiempo para fomentar el incremento de la oferta de inmuebles puestas en alquiler.

Esta medida tiene por objetivo a largo plazo y en forma progresiva la supresión de viviendas ociosas, que permita una considerable reducción de los precios de venta y alquiler de los inmuebles.

Además propone la creación de la Defensoría de los Inquilinos organismo que deberá ocuparse de la promoción, defensa y protección de los intereses y derechos de los locatarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Este nuevo organismo tendrá entre sus atribuciones el asesoramiento a inquilinos en el proceso de negociación y contratación con locadores e inmobiliarias; la actuación de oficio o a pedido de inquilinos en el conocimiento del contenido de contratos de locación de viviendas y tendrá facultades de convocar a instancias de mediación así como de sancionar con multas u otras medidas el incumplimiento por parte de locadores o inmobiliarias a las normas propuestas para la regulación de los alquileres, a través de procedimientos sumarios.

También se contempla la creación del Ministerio de la Vivienda en el ámbito de la Ciudad que debería ocuparse de urbanizar villas a través de la construcción de viviendas sociales y la provisión de los servicios básicos; Entregar títulos de propiedad con una cláusula de no venta o alquiler; Recaudar y administrar los fondos provenientes del Impuesto a la Vivienda Ociosa; y Regular los valores de los alquileres y demás condiciones de contratación.

Esta agrupación entre sus servicios brinda asesoramiento legal en todo lo referido a derechos de los inquilinos.


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