Linea Oeste

Un Amparo Habitacional logró detener el desalojo de veinte familias en Villa Luro

05/07/2014
Un Amparo Habitacional logró detener el desalojo de veinte familias en Villa Luro

Un  Amparo   Habitacional logró  detener  la  medida judicial que ordenaba el desalojo de veinte familias que viven y trabajan en el predio "bajo autopista" de Villa Luro a la altura de la Avda. Rivadavia al 9.300, se trata de personas que, desde hace ocho años, viven y trabajan como cartoneros y recicladores.

Los damnificados fueron apoyados en su lucha por organizaciones sociales, políticas, ecuménicas y de trabajadores que así lograron dilatar la medida e impedir que veinte familias queden en la calle y sin trabajo.

El desalojo había sido ordenado por el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Aurelio Ammirato .

Para detener la medida se organizó una mesa de negociación , integrada por Sergio Constantino , subsecretario de Descentralización Desconcentración y Participación Ciudadana de el Gobierno de la Ciudad, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), la Comisión Política de la Iglesia  Dimensión de Fe, la abogada de las familias damnificadas María Fernanda Pereyra, - Abogada de FIDELA-, más un arco amplio de comuneros, asesores tutelares y organizaciones sociales.

La abogada Pereyra expuso a los medios, las leyes que protegen a estos ciudadanos que no pueden ser desalojados, sin que el Gobierno, primero, les de una solución habitacional: - “En primer lugar planteamos la suspensión de la medida y también reclamamos una solución  habitacional  que  no  se está cumpliendo, ya que en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado y el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a ese derecho humano.

Por otra parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, señala en su Observación General 7 que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar  todas   las   medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda”.

En el caso de haberse efectivizado el desalojo, las familias hubieran perdido su vivienda y su trabajo, el Gobierno de la Ciudad ofrecía hoteles o paradores y el subsidio del “Programa Atención para Familias en Situación de Calle” pero este es muy bajo, por otro lado, los 15 niños que ahí viven junto a sus familias hubieran perdido su lugar de pertenencia en las escuelas .

Al respecto el pastor Diego Mendieta de la Iglesia Dimensión de Fe e integrante de la ONG Proyecto 7, dijo: -“Además de que lo que ofrecian no alcanzaba para nada, el Gobierno de la Ciudad desconoce por completo el servicio que la familia cartonera ofrece a la ciudad, absorbiendo buena parte del trabajo de reciclado”.

El acuerdo obtenido entre el Gobierno   de   la   Ciudad   y   las familias además de suspender el desalojo que iba a producirse el 7 de julio, logró armar una agenda con el Ministerio de Desarrollo Social por el tema del subsidio ofrecido, ya que las familias reclaman el pago único del total del monto y el juzgado planteó que fuese cual fuese la modalidad, esta tenía que garantizarle a las familias el acceso a una alternativa de vivienda que preservara la unidad del grupo familiar y el cumplimiento del acceso al derecho a la vivienda.

También se solicitó que el Gobierno de la Ciudad ponga a disposición los programas de reciclado que tiene e incorpore otros, para quienes lo soliciten y la realización de tareas por parte de la guardia  urbana  para  reducir  los riesgos que pudiesen afectar a las familias en el predio que está contaminado ya que antes allí funcionaba una estación de servicio.

Se acordó una nueva reunión para el 7 de Agosto en la que se evaluarán los avances logrados en las negociaciones y se fijará la fecha definitiva de desocupación del predio, con la condición de que la misma no signifique ni situación de calle, ni pérdida de los medios ni las formas de trabajo de las familias. Las organizaciones que participaron y se solidarizaron fueron: Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires – Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe – Casa Ecuménica Popular – Movimiento  Evita  –  Proyecto  7 Personas en Situación de calle - Movimiento de Trabajadores y Excluidos – Movimiento Socialista de los Trabajadores – Congreso por el Derecho a la Vivienda – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina – Marea Popular – Organización Social y Política Los Pibes – Corriente Política 17 de Agosto – La Cámpora – Los Hijos de Juana - Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón – Médicos del Mundo – Frente Nuevo Encuentro – Confluencia Popular.


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