La   Cámara   de   Diputados aprobó,  el   21  de   mayo pasado, el proyecto para promover el trabajo registrado y combatir el fraude laboral que fue diseñado por el Poder Ejecutivo Nacional, contó con el apoyo de la mayoría de los bloques y obtuvo , 227 votos a favor, tres en contra (dos de la Izquierda y uno del PRO) y cuatro abstenciones (de Unidad Popular y Proyecto Sur).

El principal objetivo que busca esta ley es lograr la disminución del trabajo en negro en el país, ya que si bien en los últimos diez años se han logrado muchos avances, fundamentalmente la creación de seis millones de puestos de trabajo, logrando el descenso de la tasa de desocupación, que alcanzó el 6,8% de la población económicamente activa en el tercer trimestre del año 2013, siendo éste uno de los índices más bajos observados desde el año 1992 y se han realizado muchas transformaciones   normativas en el ámbito de las relaciones laborales, tales como la Ley que dio al Ministerio de Trabajo y a la AFIP la atribución de fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social con el propósito de detectar y sancionar situaciones de informalidad laboral y promover la registración de los trabajadores y se han dado un conjunto de políticas entre las que se encuentran: el fortalecimiento de inspecciones según el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, la difusión masiva de los derechos y obligaciones de los trabajadores   y   empleadores,   la modificación de los procedimientos administrativos para la simplificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad social; la reducción transitoria de los costos de contratación para los nuevos trabajadores; la implementación de la Ley sobre Régimen de Trabajo Agrario para garantizar derechos laborales y protección social al trabajador rural, la sanción de la ley de Servicio Doméstico y la regulación del Sistema de Pasantías Educativas para garantizar la realización de prácticas calificantes para los jóvenes y evitar el fraude laboral, es mucho lo que falta por hacer y hay altos índices de trabajo informal.

Es por ello que esta nueva ley viene a estimular la registración laboral creando el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que tendrá por objeto la publicación de las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y la AFIP, también publicará que empresas contratan a mano de obra infantil y adolescente y quienes son las que obstruyen las inspecciones, también establece que dichos empleadores no podrán acceder a los créditos y programas de fomento y subsidios financiados, por el Estado, ni celebrar contratos con el mismo. A su vez incentiva a las microempresas que exhiben situaciones de vulnerabilidad económica debido a sus menores niveles   de   productividad, que cuenten con hasta cinco trabajadores   y   no   superen   un determinado nivel de facturación anual, beneficiándolas con una reducción de las contribuciones patronales. En el caso de empresas de hasta 15 empleados, no pagarán aportes durante el primer año y abonarán un 25 por ciento durante los segundos doce meses, si las empresas tienen entre 16 y 80 empleados, pagarán el 50 por ciento de las contribuciones durante los dos años que dura el beneficio.

La ley también incentiva a los empleadores que contraten más personal por tiempo indeterminado que gozarán, por el plazo de los primeros dos años , de una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones, otorgándole los mayores beneficios a las micro y pequeñas empresas que aumenten su dotación de personal. Por último, el proyecto de ley contempla la creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que combina la inspección del trabajo tradicional con nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de seguimiento de las cadenas de valor y los movimientos financieros.