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Multas a la Legislatura Porteña por impedir la Participación Ciudadana a través de las Tribunas Populares

24/05/2017
Multas a la Legislatura Porteña por impedir la Participación Ciudadana a través de las Tribunas Populares

“Nadie está por encima de la ley y todos están sujetos a la misma ley, administrada por los mismos tribunales”, con esta frase de  Tom Bingham, que explica lo que significa el concepto del Estado de Derecho, en el cual supuestamente vivimos, los jueces que  dieron lugar a la acción de amparo justificaron esa decisión  cuando  la Red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad interpusieron la demanda contra  la Legislatura de la Ciudad para que cumpla con la ley y deje de impedir, como lo viene haciendo desde  hace más de 15 años, a los ciudadanos participar a través del mecanismo de Tribunas Populares. 

La Justicia  estableció multas a la Legislatura  si no acredita la adopción de las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de dicho mecanismo.

El Juez Franciso Javier Ferrer, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 23, en fecha 12 de mayo de 2017, en los autos caratulados: García Mauricio Hernán contra Legislatura de la ciudad de Bs. As. Sobre Amparo, Expte. N° A3638-2014/0, dispuso: "Intimar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en el plazo de tres  días cumpla en adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular regulada en los arts. 76 y 77 de su Reglamento Interno. Si en dicho plazo no se acredita el cumplimiento, se procederá a aplicarle sanciones conminatorias. Por lo tanto, luego de tres días y en forma automática, comenzará a recaer sobre la Legislatura una MULTA diaria y progresiva por el monto de mil pesos  la primer semana; tres mil pesos  a partir de la segunda semana; cinco mil pesos  a partir de la tercer semana; siete mil pesos  a partir de la cuarta semana y así sucesivamente."

 La Tribuna Popular  es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos al Cuerpo Legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones sobre temas de especial interés para la Ciudad. Es decir, las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad de los legisladores de la Ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa. 

Este derecho se encuentra reconocido en los arts. 76 y 77 del Reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad y son operativos del art. 1 de la Constitución de la Ciudad, que establece que  la Ciudad "organiza sus instituciones autónomas como Democracia Participativa”. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince  años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto. 

El mecanismo de Tribuna Popular permite que la ciudadanía incorpore temáticas, además de permitir conocer la opinión que tienen diversos sectores sociales acerca de proyectos tratados por la Legislatura. Cumple así la función de enriquecer la deliberación pública. La Constitución de la Ciudad, sancionada en 1996, es particularmente rica en la creación de figuras que persiguen garantizar y estimular la participación popular. Ya en su artículo primero señala que "La Ciudad ... organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa.  La falta de reglamentación del instituto de la Tribuna Popular ha sido invocada por la legislatura como argumento para impedir su aplicación, esto va contra el Estado de Derecho bajo el cual  vivimos al respecto han dicho los jueces : “Sabido es que el Estado de Derecho se caracteriza no sólo por el reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales, sino también por la forma en que ese objetivo se alcanza, esto es, sometimiento del Estado a la ley. El núcleo del principio del Estado de Derecho es que todas las personas y autoridades dentro del Estado, públicas o privadas, están obligadas a cumplir y tienen derecho a los beneficios de las leyes sancionadas. Ese sometimiento no se limita a la ley en sentido formal. En un sistema jurídico moderno,  hay una variedad de fuentes:  la constitución escrita, la legislación parlamentaria, los reglamentos administrativos, las ordenes de las autoridades competentes, los estatutos de las sociedades, etc.”

Redacción Línea Oeste


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