Desde el 2014, las empresas que tenían la concesión del servicio de acarreo de automóviles mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires, rendían al Estado porteño un canon mensual de tan solo 55 mil pesos. La irrisoria suma que abonaban las empresas Dakota S.A. y BRD, para explotar, desde hace más de 20 años el negocio millonario, suscitó un extenso debate al interior del todo el arco político.

A la polémica situación se le suman infinidad denuncias de usuarios reclamando ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por las cuales se visibilizaban distintos hechos que iban desde excesos de velocidad permitida de las grúas, falta de cuidado de los vehículos acarreados, hasta “no devolver el dinero correspondiente a los daños ocasionados en los autos remolcados”, así lo explicó Federico Ganora, del área de Servicios Públicos de la Defensoría en un conocido medio de TV.     

Desde el “frente anti-grúa” conformado por los partidos de la oposición en la legislatura porteña comenzaron las investigaciones y los pedidos de suspensión de la licitación del sistema de acarreo. Finalmente, la legislatura acordó una sesión especial para tratar el polémico negocio, el jueves 18 de agosto.

No obstante, la voluntad de los partidos de la oposición conformada por los bloques del Frente de Todos, el Frente de Izquierda, Libertad Avanza y Consenso Federal, de conseguir el quorum necesario para el tratamiento, los partidos alineados con Horacio Rodríguez Larreta decidieron no presentarse.

La decisión fue comunicada oficialmente y firmada por los jefes de bancada: Diego García Vilas (Vamos Juntos), Diego Guouman (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista). Por omisión, tampoco se presentó la Coalición Cívica y Republicanos Unidos, liderado por el legislador Roberto García Moritán.     

Al momento de la suspensión de sesión por falta de quorum, solo se encontraban en el recinto seis legisladores: Ramiro Marra, Oscar Zago y Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza) Gabriel Solano y Amanda Martin (FIT-Unidad/Partido Obrero), Emmanuel Ferrario (PRO), presidente de la Legislatura porteña.

Fracasado el intento de llevar el tema a la Legislatura porteña, el bloque del Frente de Todos realizó una conferencia de prensa en la cual reclamó se investiguen los “21 años de concesiones ilegales” del servicio de acarreo de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, el Ejecutivo porteño decidió revocar la concesión del sistema de acarreo en la CABA, con la firma de un decreto oficial y anunció que: el servicio será prestado por el Estado porteño a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), hasta el momento en que se adjudiquen las nuevas licitaciones.    

Además, las bancadas del Frente de Todos, Consenso Federal, y La Libertad Avanza, elevaron una nota a la Legislatura proponiendo que se conforme una comisión de seguimiento, para auditar los contratos firmados en las últimas dos décadas, por el Gobierno de la Ciudad. También pidieron se realice un inventario respecto a los bienes que la Ciudad va a recuperar a partir de la estatización del servicio y el estudio de costos de la licitación prevista.    

En la misma línea, el jueves, durante la actividad legislativa, Matías Barroetaveña, Diputado del bloque del Frente de todos consideró “imposible que semejante negocio irregular no cuente con la complicidad de autoridades del Gobierno” y enfatizó: “Horacio Rodríguez Larreta se autoincrimina al desarmar el negocio de las grúas en 24hs después de 15 años diciendo que no se podía”.      

Luego de la polémica y la firma del decreto N° 284/2022 del Ejecutivo porteño, dieron a conocer las condiciones para concesionar el servicio por diez años y con un costo total de $53.384.785.032. De acuerdo al nuevo sistema, el territorio de la Ciudad será dividido en tres zonas (Zona Norte, Zona Sur y Oeste), las cuales se dividirán también en 5 subzonas.

En los mismos pliegos de licitación, se estipula que el Gobierno de la Ciudad se compromete a realizar un “anticipo financiero” a las futuras adjudicatarias, que será recuperado en 60 cuotas mensuales y consecutivas según la zona territorial. Para zona Norte: $391.741.526. Para zona Sur: $269.158.069. Para zona oeste: $348.072.842.    

En ese punto, el tema del acarreo de vehículos en la Ciudad regresa al punto de partida. Según un informe del observatorio de la Ciudad las nuevas condiciones de licitación, resultan en perjuicio para el Estado porteño, quien pagará a las empresas por el servicio asegurando sus ganancias.

En este sentido y como ejemplo, surge del informe del Observatorio de la Ciudad que: “en la Zona Oeste, el Gobierno de la Ciudad pagará mensualmente $109.744.865 en la fase N° 1 y exigirá apenas 3782 acarreos por mes. Es decir, cada acarreo saldría $29.017 al Gobierno de la Ciudad, cuando las concesionarias hasta hace una semana cobraban $6525 a la ciudadanía. Así, el Estado porteño garantiza a las concesionarias por el mismo servicio, una ganancia casi cinco veces mayor”.   

Redacción Línea Oeste