En la Ciudad de Buenos Aires, trabajan doce cooperativas de recicladores urbanos. Recorren las calles, cada una por su zona asignada, recolectando residuos de materiales reutilizables. A sus trabajadores y trabajadoras se los conoce popularmente con el nombre de “cartoneros”.

Se trata de un proyecto iniciado en el contexto socioeconómico del 2001. Aunque los carreros, cirujas y “botelleros” existieron desde antaño, en el inicio del siglo XXI la falta de empleo estalló de modo prominente. Centenares de personas salieron a buscar basura para subsistir.

Primero salieron de manera individual, tal como muchos y muchas lo siguen haciendo hasta ahora. Luego comenzaron organizarse en equipos, pero en 2008 el Gobierno de la Ciudad les prohibió tocar los residuos. Es que las empresas recolectoras cobraban por cada tonelada que depositaban en el basural del CEAMSE, en el borde del Camino del Buen Ayre, y los cartoneros les hacían perder dinero.

A pesar de esa prohibición, el hambre pudo más y la organización fue muy fuerte. En esos días se había constituido el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); agrupación de personas expulsadas del sistema de empleo formal y obligadas a “rebuscársela” por sus propios medios. Fue desde ese Movimiento que se diseñó el plan: organizarse en cooperativas y ofrecerle al Gobierno de la Ciudad un programa de reciclado que carecía por completo. Tras arduas negociaciones, se consiguió implementar la ley 992/02 que tenía varios años de existencia, pero estaba “cajoneada”. Esa es la ley que incorpora a las cooperativas de recicladores urbanos al servicio de higiene de la Ciudad.

De aquellas negociaciones surgieron los convenios. El Gobierno de la ciudad se comprometió a colaborar con la construcción de algunos centros de reciclaje, a pagar un salario “informal” sin relación de dependencia a cada miembro de la cooperativa, que actualmente es de trescientos noventa mil pesos, a entregarles uniformes de trabajo que los identifique y a trasladar de manera gratuita a los trabajadores y trabajadoras que llegan a la ciudad desde zonas alejadas del conurbano. Estos y otros acuerdos, ya tienen casi dieciocho años de vigencia y habilitan unas seis mil fuentes de trabajo. Pero en los últimos tiempos comenzaron a producirse algunos serios inconvenientes.

Por un lado, la permanente desactualización del “incentivo salarial” (así le llaman a la paga que recibe cada miembro de la cooperativa). Por otro, la abrupta caída del precio de venta del cartón, lo que se debe a la avalancha de ese material que ingresa al país por el crecimiento desmedido de las importaciones de todo tipo. Y ahora, se le suma la decisión del Gobierno de cancelar el servicio de traslado que afecta a unos tres mil quinientos trabajadores, más de la mitad de los cartoneros y cartoneras.

Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), se afirma que esa decisión podría dejar “fuera de servicio” a demasiadas personas imposibilitadas de costear sus propios pasajes. Más del 20 % del incentivo salarial se perdería de sus exiguos ingresos. Además, en no pocos casos, se trata de familias que se trasladan con sus hijos para llevarlos a las escuelas mientras recorren la ciudad haciendo su tarea.

Por este motivo, y recordando que las cooperativas son el principal instrumento de cuidado del ambiente en la Ciudad, le reclaman al gobierno que vuelva atrás en su decisión.  Para ello, están realizando una serie de acciones que van desde encadenamientos frente al Ministerio de Espacio Público en el Parque Lezama, hasta huelgas de hambre.

“No pedimos privilegios, dicen los cartoneros, pedimos que no destruyan una política pública que funciona desde hace casi 20 años y que garantiza el pan de miles de familias"

Redacción Línea Oeste