La Ley Orgánica de las Comunas (Nº 1.777) fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 1  setiembre del año 2005 y  establece la división de la Ciudad en quince  Comunas,  ordena  que  cada una funcione como una entidad territorial administrativa y política. Establece   un sistema de gestión, administración y control del sector público basado en la Democracia Participativa en el que los ciudadanos pueden ejercer   una mayor incidencia en el manejo de los recursos de la Comuna y en la decisión de las prioridades y necesidades del barrio. Sin embargo la Ley de Comunas no se cumple en su totalidad, recordemos que si bien fue sancionada en el 2005,  
la primera elección de las Juntas Comunales se llevó a cabo recién  el 5 de junio de 2011, luego de que distintas organizaciones vecinales interpusieran ante la Justicia una acción de Amparo que obligó a las autoridades a implementarla,  los primeros Comuneros asumieron   el 10 de Diciembre de ese mismo año. Solo se implementan los artículos formales, pero se incumplen  los que imponen las partidas presupuestarias y la participación ciudadana como el artículo 10, parte del 11 y el 12 y el   13 que habilita  a las comunas a través de sus Consejos Consultivos Comunales a  que propongan  iniciativas en temas de  salud, educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad.

 Cada Junta Comunal está integrada por siete miembros, elegidos por los vecinos de la Comuna a través de elecciones directas. El primer integrante de la lista más votada, es el Presidente de la Junta Comunal. Cada mandato dura 4 años. Sin embargo buena parte de la ciudadanía vota a los Comuneros sin siquiera saber de qué se trata, ya que el artículo que obliga a las Juntas Comunales a difundir y educar a la población sobre esta Ley obviamente tampoco se cumple. Sobre este incumplimiento ha expresado en Tiempo Argentino Osvaldo Cordo, secretario de Relaciones Institucionales del Consejo Consultivo de la Comuna 10, “  De funcionar correctamente la Ley, la ciudad descentralizada en 15 comunas, donde cada una actuaría como una mini intendencia y los ciudadanos participando en los consejos consultivos, podría intervenir en las problemáticas de sus barrios. Y las juntas, formadas por siete comuneros votados deberían ser los interlocutoras de la ciudadanía nucleada en los consejos consultivos”.

 Ante este vigésimo aniversario se realizaron diversas actividades una de ellas se llevó a cabo en   la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires donde se organizó un  conversatorio denominado “Más participación, mejor gestión: a 20 años de la sanción de la Ley de Comunas”, que contó con la presencia de funcionarios comunales y referentes en materia de descentralización.

Durante el encuentro, encabezado por la Defensora del Pueblo porteña María Rosa Muiños y el director general de Participación Ciudadana del organismo, Osvalo Balossi, se analizó la participación vecinal y se realizó un balance sobre el cumplimiento de esta norma en las últimas dos décadas.Entre los expositores se destacó  Rubén Daniel López, coordinador del Interconsejo Consultivo Comunal, quien leyó la carta “La descentralización que no fue en peligro”, en la que señaló que el proceso de presupuesto participativo nunca se implementó y que entre otras cosas dice : “Las comunas no funcionan porque nunca se lo han permitido”.

Silvia Collin, presidenta de la Junta Comunal 3, sostuvo que “la descentralización es la expresión de la democracia. Pensar hoy Buenos Aires sin descentralizar es no entender el desarrollo de la Ciudad”.

 Lautaro Eviner, presidente de la Junta Comunal 8, remarcó que “No consultar a las comunas daña a los vecinos porque les quita voz”.  Ana Salvatelli, de la Auditoría General de la Nación y autora del libro Las Comunas porteñas (2020), planteó que la descentralización territorial “no debe ser meramente administrativa y la participación ciudadana y democrática es con las comunas, no sin ellas”.

Así mismo  la legisladora porteña Magdalena Tiesso, presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, dijo : “La democracia participativa es el centro de la Constitución de la Ciudad, pero aún hoy no se cumple en su totalidad”.

Finalmente la Defensora del pueblo de la Ciudad expresó :  “la descentralización implica dejar decisiones que naturalmente toma el Ejecutivo en manos de otros, y eso no le gusta a ningún Ejecutivo. Pero es fundamental porque sirve para mejorar la vida de las personas».

También en la Legislatura porteña se conmemoró la fecha con

una actividad realizada el 2 de setiembre, propuesta por la organización  Inter Consejos Consultivos Comunales  y organizada   por la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, en la que al igual que en el conversatorio organizado por la Defensoría del Pueblo se leyó el documento elaborado por Inter Consejos Consultivos Comunales titulado La  descentralización que no fue… en peligro y que transcribimos a continuación :
 

LA DESCENTRALIZACIÓN QUE NO FUE… EN PELIGRO

Desde Inter Consejos Consultivos Comunales expresamos nuestro deseo de que este 2025 sea finalmente el año de la descentralización política. Sin embargo, en el discurso de apertura del año legislativo, en la exposición del Jefe de Gobierno sobre lo realizado durante el año 2024 y la agenda a realizar en el 2025 no hubo ni una mención a la institución de las Comunas. Las Comunas, institucionalizadas en el año 2005 por la Ley 1777 e implementadas recién en 2011 mediante un amparo, desde el instante mismo de su puesta en funcionamiento comenzaron a ser vaciadas de contenido mediante la falta de reconocimiento de su jurisdicción presupuestaria, lo que les imposibilita hasta hoy tener presupuesto propio y les hace imposible la gestión. Tampoco se ha cumplido nunca con el proceso de presupuesto participativo que debiera generarse en los Consejos Consultivos por quienes habitan en el barrio. Por último, la imposición de las gerencias operativas transfirió lisa y llanamente el manejo comunal a funcionarios del ejecutivo porteño. Por eso, a trece años de la primera elección de juntas comunales, la descentralización política sigue siendo una deuda pendiente con la ciudadanía porteña. Y la realidad muestra que el proceso ha sido exactamente al revés. Efectivamente, a partir del 2007 el poder ejecutivo porteño se ha ocupado de generar y asegurar negocios para el sector más concentrado de la economía, reduciendo a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires casi a letra muerta, mientras fue poniendo diversas herramientas legales al servicio de las demandas siempre insatisfechas de la codicia corporativa. En forma paralela ha impedido toda expresión genuina de participación ciudadana, por cuanto ésta le permitiría a quienes vivimos en Buenos Aires expresar en qué ciudad queremos y necesitamos vivir, lo que haría inviable la agenda de negocios que se le habilita al mercado. Esto no es fruto de errores o incompetencia sino de una decisión política deliberada y sostenida que deplora, desconoce y ataca la democracia participativa consagrada como principio constitucional de la ciudad y a las comunas como ámbito por excelencia de participación ciudadana. Si las comunas funcionaran conforme a la ley, sus habitantes se encargarían de establecer qué necesidades debieran atenderse presupuestariamente, para luego controlar su efectivo y correcto cumplimiento. Si la participación ciudadana genuina fuera escuchada y respetada, el modelo de ciudad sería definido por quienes habitamos Buenos Aires y no por quienes hacen en ella extractivismo urbano, atendiendo sólo a maximizar su rentabilidad por sobre toda otra cuestión o derecho. Si la democracia participativa y las instituciones que de ella derivan fueran acatadas, muy otra sería la ciudad en la que viviríamos. En suma, las comunas no funcionan porque no se lo han permitido. Decir que no sirven y por eso son muy gravosas, es falsear la realidad. La mejor manera de comprobar la eficacia de la institución comunal es brindarle todas las herramientas legales que le competen, empezando por la jurisdicción presupuestaria y el ejercicio por sí misma de sus competencias exclusivas y concurrentes, con la consecuente “…participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos” (cfr. Art. 3° c. Ley N°1777). Es inadmisible que, a lo largo de estos trece años, el ejecutivo porteño no haya permitido que la ciudadanía participara de la planificación de la ciudad ni opinara con relación al manejo de sus cuantiosos recursos. La razón del rechazo a la institución comunal es su apertura a la participación ciudadana, lo que implica en definitiva oponerse a la democracia participativa. Si tal como afirmó en su discurso el Jefe de Gobierno, él escucha a lo mejor que tiene la ciudad, que son los porteños, es hora entonces de que reconozca y haga cumplir lo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra en su primer artículo: el derecho a participar. Y participar de la manera que explicita el mismo texto constitucional: en la institución comunal. Si además aspira a convertir a Buenos Aires en una de las mejores ciudades de América Latina a la vez de “un faro de la Argentina posible”, el apego a la ley debe ser de una vez por todas, indiscutible, innegociable y sin fisuras. Y la primera ley a cumplir en su totalidad es la Constitución de la Ciudad, siguiendo por toda la normativa que de ella deriva. En aras de la calidad institucional que todavía se nos debe, le exigimos al gobierno que simplemente cumpla con la ley, dando el buen ejemplo que hasta ahora ha eludido. Por lo tanto, esperamos de este año el cumplimiento cabal de la Constitución de la Ciudad y el respeto y reconocimiento hacia las Comunas, mediante la efectivización de las herramientas legales que hagan posible su completo y eficaz funcionamiento”.

                                                               Redacción Línea Oeste