Según informó la página de noticias AMEP, el   Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales pasó a cuarto intermedio y postergó la decisión que permitiría desmantelar la centenaria estructura, en medio de objeciones vecinales y críticas de especialistas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivió una jornada cargada de tensión institucional y vecinal tras el fallido intento del gobierno porteño de avanzar con la remoción del puente Ciudad de La Paz-Soler, una centenaria estructura ubicada entre los barrios de Palermo y Colegiales. El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), encargado de evaluar el pedido de descatalogación patrimonial solicitado por la empresa estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA), resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, postergando así cualquier resolución definitiva.

El pedido de AUSA es clave para avanzar con la licitación de un nuevo puente que permita el tránsito de vehículos pesados, en reemplazo de la actual estructura que solo admite tránsito liviano. Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo entre vecinos, organizaciones patrimonialistas y especialistas, quienes argumentan que el puente, recientemente restaurado, puede seguir en uso y forma parte del patrimonio histórico urbano.

Durante la reunión virtual realizada ayer, representantes técnicos de AUSA presentaron informes que sostienen que “el puente agotó su vida útil y tiene problemas estructurales”. Esta afirmación fue rebatida por otro documento ya en manos del CAAP, que indica que el viaducto sí puede soportar el paso de todo tipo de vehículos. En ese contexto, los primeros cinco expositores que tomaron la palabra manifestaron su oposición al proyecto de desmantelamiento.

Asimismo, varias instituciones solicitaron tiempo para analizar la nueva documentación, motivo por el cual se decidió interrumpir la sesión. Según se informó, representantes del CPAU, la SCA, la FADU, la Cicop y la Comisión Nacional de Monumentos expresaron argumentos en contra de la descatalogación, aunque algunos optaron por no votar aún para evaluar con mayor profundidad los nuevos elementos aportados por AUSA.

La estructura en cuestión fue construida entre 1916 y 1919 y representa un valioso testimonio del desarrollo urbano de la Ciudad. En este sentido, la controversia se agudizó a partir de que AUSA llamara a licitación para su reemplazo sin que el CAAP hubiese emitido un dictamen, lo cual fue señalado por diversas ONG como una irregularidad. Además, se cuestionó el proceso de licitación por su carácter “exprés”, con apenas un mes para presentar ofertas.

En tanto, el CAAP está compuesto por trece entidades, entre ellas la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Comisión Nacional de Monumentos, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, el Consejo del Plan Urbano Ambiental y la FADU, entre otras. El organismo es presidido por Cristina Giraud, titular de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), quien también participó del encuentro.

La reunión cerrada desató críticas por su falta de apertura al público. Algunas de las instituciones participantes insisten desde hace tiempo en que estas instancias deberían ser transparentes y abiertas a la ciudadanía, teniendo en cuenta la implicancia patrimonial y urbana de sus decisiones. Consultadas por el encuentro, fuentes de la Dgiur confirmaron que “AUSA presentó documentación y se aprobó un cuarto intermedio hasta el martes”.

Por su parte, vecinos y agrupaciones barriales expresaron su descontento mediante diversas acciones públicas. En una de ellas, colocaron cintas y carteles sobre el puente como forma de manifestar su oposición al plan de remoción. También se reclamaron alternativas técnicas que permitan conservar la estructura, reforzándola y adecuándola a los nuevos requerimientos.

En el mismo sentido, el arquitecto Marcelo Magadán, especialista en conservación patrimonial, señaló que el deterioro actual no debería ser el único criterio a considerar. “El puente tiene valores históricos, paisajísticos, económicos, sociales, identitarios, que fueron considerados por los funcionarios del gobierno porteño cuando decidieron sumarlo al catálogo de los bienes protegidos. A partir de esta situación, el puente tiene que ser rehabilitado, consolidado. En el campo de la conservación hay procedimientos, materiales y criterios para trabajar este tipo de situaciones”, detalló.

A su vez, AUSA sostuvo que el viaducto fue originalmente construido para el paso del tranvía y que, por esa razón, no está preparado para soportar pavimentación ni embates típicos de la circulación urbana, como choques o el peso de camiones de gran porte. El objetivo final sería reemplazarlo por una estructura que permita el cruce de ambulancias, autobombas, camiones de residuos y fletes, dada la cercanía con un predio del Ceamse.

No obstante, la presión vecinal sumó un respaldo político esta semana con la presentación de un pedido de informes en la Legislatura por parte de la legisladora Sol Méndez, del bloque Confianza Pública. En el texto, la diputada expresó que “según hemos podido conversar con asociaciones y vecinos, han cuestionado y no han obtenido respuesta por parte del Ejecutivo respecto de los criterios técnicos, licitatorios, presupuestarios, plazos, impacto patrimonial y participación ciudadana asociados al llamado a licitación realizado por AUSA, así como el proceso de descatalogación del bien patrimonial ante el CAAP”.

Mientras tanto, algunas fuentes cercanas a AUSA deslizaron la posibilidad de que una parte del puente pueda conservarse. “Algún tramo podría preservarse y, aunque no se puede asegurar 100%, porque es difícil saber cómo resistirá la estructura y en qué condiciones quedará luego de los trabajos de desmonte, se están estudiando posibles alternativas para preservar alguna parte del puente histórico”, señalaron.