Días pasados el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Fundación Ciudad, junto con un colectivo de vecinos de la traza de la Autopista Dellepiane, interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y la empresa estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), con el patrocinio de los abagados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya.
La demanda busca la suspensión inmediata y la nulidad definitiva del proyecto "Máster Plan Autopista Parque Dellepiane", denunciando que su ejecución es manifiestamente ilegal, inconstitucional y provocará un daño ambiental irreparable.
El eje central de la demanda es que el proyecto, que prevé sumar carriles exclusivos para Metrobús y extender calles colectoras, se está realizando a costa de una enorme pérdida de espacio verde público. Según la propia documentación presentada por AUSA en el expediente, la obra generará una "reducción de un 25% respecto a la situación original" del parque lineal, lo que equivale a una pérdida neta de 54.000 m2 (5.4 hectáreas) de espacios verdes y suelo absorbente.
Los demandantes sostienen que el Poder Ejecutivo está actuando en una "vía de hecho administrativa", es decir, ejecutando obras sin la competencia legal para hacerlo, ya que una intervención de esta magnitud requiere una ley de la Legislatura.
Los principales fundamentos jurídicos de la demanda incluyen :
Al respecto expresó la Ing. María Eva Koutsovitis, de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, manifestó: "Estamos ante un avance inconstitucional sobre el escaso patrimonio verde de la Ciudad", expresaron los voceros de los amparistas. "El Gobierno no puede, por una simple resolución administrativa, anular una ley histórica (la Ordenanza 46.229) y la zonificación del Código Urbanístico".
El Abog. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresó: "La Constitución de la Ciudad prohíbe sacrificar espacios verdes; exige aumentarlos. Este proyecto es una regresión ambiental que los propios demandados admiten, y se está ejecutando sin la aprobación legislativa y la participación ciudadana que exige la Constitución".
La acción legal también pide la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (Resolución N° 339/APRA/24), alegando que el estudio previo omitió deliberadamente analizar estas incompatibilidades legales.
Dada la "irreversible destrucción" y la tala de arbolado que ya está en marcha, los demandantes han solicitado una medida cautelar urgente para el "cese inmediato" de todos los trabajos constructivos, con el fin de proteger el ambiente hasta que la justicia se expida sobre la cuestión de fondo.
Redacción Línea Oeste
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